La semana pasada, el presidente del Centro de Bahrein por los Derechos Humanos (BCHR), Nabeel Rajab hizo historia por ser la primera persona procesada en el mundo árabe por un "tweet", informa la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos (ANHRI). Fue acusado de alertar a los lectores a través de Twitter de imágenes "trucadas" del cuerpo torturado de Ali Isa Saqer, de quien Rajab afirmaba que murió a manos de las fuerzas de seguridad en una prisión en Bahrein. Mientras Bahrein se está convirtiendo rápidamente en un estado policíaco, IFEX ha expresado inquietud por Rajab y la repentina escalada de arrestos y amenazas en contra de otros promotores de la libre expresión en Bahrein.
El 10 de abril, el ministro del Interior de Bahrein emitió una declaración que acusaba a Rajab de distribuir imágenes trucadas de Saqer y declaró que sería procesado por el ejército.
"El proceso por distribuir imágenes a través de Twitter demuestra el aumento en el desdén por parte de las autoridades de Bahrein hacia la libertad de expresión y la libertad en Internet", dijo IFEX en una declaración abierta que defiende al BCHR.
Otros miembros de BCHR también han sido atacados. El 9 de abril, Abdulhadi Alkhawaja, ex presidente de BCHR y director de Front Line, fue golpeado hasta perder la consciencia cuando 15 hombres enmascarados allanaron la casa de su hija Zainab. También golpearon a su hija. Alkhawaja fue arrastrado sangrante y descalzo por las autoridades, junto con dos de sus yernos. Aún se desconoce el paradero de los tres hombres. Zainab comenzó una huelga de hambre. (Sígala en Twitter en Angry Arabiya.)
Mohammad Al-Maskati, el otro yerno de Alkhawaja y presidente de la Sociedad Juvenil de Bahrein para los Derechos Humanos (BYSHR), ha estado documentando infracciones desde que comenzaron las protestas y también fue golpeado en la casa pero no fue arrestado.
Ahora se encuentran en el país tropas saudíes para apoyar el rey Hamás bin Isa al-Khalifa, y con ello el el ataque contra el BCHR es emblemático de la represión en otras partes del pequeño reino.
En el último par de meses multitudes eufóricas llenaron la plaza de la Perla en Manama, la capital, para escuchar discursos que pedían la libertad y para celebrar la liberación de prisioneros políticos. Pero los movimientos democrático no dieron señales de aplacarse y las tropas desalojaron la plaza el 16 de marzo usando gas lacrimógeno y balas y luego la despejaron con bulldozers.
Las detenciones y allanamientos antes del amanecer se han intensificado y aunque las manifestaciones masivas virtualmente han cesado. Hasta 800 trabajadores han sido despedidos del Gobierno y empresas bajo la influencia del Gobierno, aparentemente por la sospecha de que asistieron a las marchas. Ha habido informes de tortura y golpizas en puntos de control, e incluso se ha sacado de hospitales a pacientes aparentemente lesionados por la policía.
Desde que las manifestaciones a favor de la democracia hicieron erupción a mediados de febrero, BCHR tiene un conteo de más de 460 personas que han estado encarceladas o han desaparecido. Tan solo en los últimos 10 días, cuatro han muerto en custodia, dice el BCHR.
La semana pasada, el bloguero Zakariya Rashid Hassan al-Ashiri murió en circunstancias misteriosas mientras estaba en custodia gubernamental. Había sido acusado de difundir noticias falsas e incitar al odio. Las declaraciones del Gobierno en el sentido de que al-Ashiri murió debido a complicaciones de anemia falciforme fueron negadas vehementemente por su familia, informa el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ).
El Gobierno no ha suministrado un registro de los detenidos. Según Human Rights Watch, los detenidos están virtualmente incomunicados y se les permite cuando mucho una o dos breves llamadas telefónicas desde dentro de los lugares de detención para pedir ropa limpia. Las familias de los detenidos dicen que no se les permite ver a sus parientes o abogados. Los que han sido liberados cuentan que los detenidos han sido torturados con descargas eléctricas, golpes y abuso sexual.
Un "estado de seguridad nacional", en vigor desde el 15 de marzo, da a las fuerzas de seguridad el derecho a arrestar a cualquiera de quien se sospeche que amenaza la "seguridad de los ciudadanos", registrar casas sin una orden judicial, censurar la prensa y disolver cualquier organización, incluso partidos políticos legales, a la que se considere un peligro para el Estado.
Por ejemplo, después de un cierre de un día, Mansoor al-Jamri, el editor del principal diario independiente de Bahrein, "Al-Wasat", junto con otros dos redactores, fue obligado a renunciar la semana pasada para mantener el periódico abierto. Fue acusado de publicar noticias falsas para incitar a los chiíes a levantarse contra el Gobierno. Al-Jamri dice que las noticias falsas fueron "sembradas". Dos ciudadanos iraquíes que fueron nombrados para reemplazarlo fueron deportados luego. "Al Wasat" emergió posteriormente como un vocero para el Gobierno, dice Human Rights Watch.
El prominente bloguero de Bahrein Mahmood al-Yousif y Mohammed al-Maskati también fueron detenidos temporalmente, informa BCHR.
En una declaración conjunta, BCHR, ANHRI y el Cairo Institute for Human Rights Studies (Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, CIHRS), junto con otros 15 grupos en la región, están pidiendo la suspensión de la membresía de Bahrein en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "Se considera que la ausencia de una acción frente a las graves y sistemáticas infracciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Bahrein socavará gravemente la credibilidad y eficacia del consejo como un todo", dicen.
Además señalan la complicidad y falta de voluntad política" de los actores internacionales, especialmente EE. UU. y la UE. La administración Obama, que considera a Bahrein un aliado crucial, ha emitido críticas moderadas hacia las medidas represivas pero no ha presionado a favor de un cambio en el Gobierno. Bahrein aloja a la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos y su monarquía cuenta con el fuerte respaldo de Arabia Saudita, informa Human Rights Watch.
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